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8 Nov 2021 | Destacados

Deudas en relación con ley 20.720.

No es menos cierto, que en más de algún momento de nuestras vidas hemos pasado por diversos problemas financieros, los cuales a raíz de la actual contingencia covid-19 se ha acrecentado.
Deudas en relación con ley 20.720 No es menos cierto, que en más de algún momento de nuestras vidas hemos pasado por diversos problemas financieros, los cuales a raíz de la actual contingencia covid-19 se ha acrecentado. Las tasas de desempleo aumentaron de forma exponencial entre el año 2020 a 2021, constituyendo un problema esencial para las familias Chilenas, quienes sufrieron los efectos propios de la cesantía y el sobreendeudamiento. En tiempos de estado de excepción, si bien es cierto el ingreso de causas civiles por temas monetarios se hizo en menor medida, la mayoría de las actuaciones probatorias encontraban sus plazos suspendidos, provocando un temporal alivio para todos quienes mantenían deudas impagas y hayan sido judicializadas a través de una demanda ante los Tribunales Civiles. Hoy en día esta situación ha cambiado, puesto que como es de público conocimiento, el estado de excepción finalizó el pasado 30 de Septiembre del año en curso, y con ello, se retomaron diversas gestiones, entre ellas, el cómputo del plazo para ciertas actuaciones judiciales materializadas en embargos, subastas y diversas formas de cumplimiento forzado de la obligación, procedimientos ejecutivos que han vuelto a tomar su curso con la finalidad de obtener cumplimiento de la obligación incumplida mediante el apremio más gravoso que es la pública subasta de los bienes embargados para hacerse el pago de los mismos. No obstante, muchas personas desconocen un procedimiento voluntario que franquea la ley, para pagar no solo una de las deudas, sino todas aquellas que se encuentren en morosidad. Dicha solución es entregada por la ley 20.720 más conocida como “ley de insolvencia y reemprendimiento” la cual tiene por finalidad someter el total del pasivo de una persona y liquidar los activos de la misma. En palabras más simples, someter el total de las deudas las cuales serán pagadas con los bienes que una persona posea a su nombre (ya sea inmuebles, derechos, bienes muebles, entre otros). Es importante destacar que una vez iniciado el procedimiento, el deudor queda inhabilitado de administrar sus bienes, pues quien asume esa función es el “liquidador concursal”. En cuanto a quienes pueden acogerse a esta ley, es bastante amplia, puesto que caben los trabajadores dependientes, independientes, dueñas de casa, estudiantes, jubilados entre otros, además de cumplir con los siguientes requisitos:
  • Tener dos o más obligaciones morosas
  • Que el tiempo de morosidad sea de 90 o más días.
  • Que el valor de las deudas sea de 80 o más UF
  • Ofrecer lista detallada de bienes ofrecidos
  • Ofrecer lista detallada de bienes excluidos, es decir, de aquellos que el deudor no desea que se rematen además de los inembargables.
  • Estado de deuda de las casas comerciales y bancarias, señalando el tipo de crédito adeudado.
  • Enumeración de juicios pendientes (si los hubiera) con efectos patrimoniales.
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